Yo venía de trabajar en Colombia asesorando a asociaciones de campesinos que recibían el apoyo de la Federación de Cafeteros para diversificar su producción más allá del café. Se trataba de incrementar sus ingresos a como diera lugar y sin preocuparse por los costos de hacerlo: la Federación tenia amplios recursos financieros y se podía dar el lujo de darle a esas asociaciones asistencia técnica, créditos blandos, instalaciones, equipos, vehículos y hasta gerentes para el manejo de sus operaciones de producción, procesamiento y comercialización de productos diferentes al café en las llamadas zonas de diversificación.

Estaba de moda la “revolución verde”, es decir, el uso de semillas mejoradas, la tecnología agroquímica y los sistemas de riego para aumentar la productividad del campo. La prioridad era aumentar la oferta de alimentos exportables y de productos agrícolas industrializables, no proteger la naturaleza, evitar daños ambientales ni mucho menos hacer más accesibles los alimentos a la población de bajos ingresos.
 
Cuando empecé mis estudios de posgrado, yo quería entender por qué a pesar de todas esas ayudas de parte del gremio que los había organizado, los campesinos no habían mejorado significativamente su calidad de vida y se habían vuelto dependientes de una burocracia asistencialista. A medida que avancé en la búsqueda de respuestas, cuestioné el modelo mismo de asistencia técnica, financiera y comercial que los campesinos recibían. Ya habían surgido los primeros ambientalistas que miraban con recelo la experimentación genética, el uso indiscriminado de agroquímicos y las políticas de fomento de las exportaciones agrícolas con demérito de la oferta de alimentos para la subsistencia de la población de bajos ingresos (incluídos los campesinos mismos).
 
Fue así como descubrí el mundo de la “tecnología apropiada” y la “economía a escala humana”, conceptos precursores de algunas de las prácticas de sostenibilidad de hoy en día. Investigué y di consultoría en esa época acerca del posible papel de las energías renovables en el desarrollo rural en el contexto de Estados Unidos y Latinoamérica. También examiné la influencia de las políticas económicas y el cambio tecnológico sobre la distribución del ingreso. Me enfoqué particularmente en la capacidad de negociación de los trabajadores sindicalizados y su efecto sobre el bienestar del conjunto de la población.
 
A mi regreso a Colombia, mi vinculación a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes como profesor e investigador me llevó en otra dirección, la de la administración de grandes proyectos de infraestructura minero-energética y de la gerencia de recursos humanos en organizaciones empresariales y del sector público. Ambos frentes tenían algo en común: los retos del liderazgo y de su relacionamiento con el entorno social, político, económico y tecnológico.
 
Muy rápidamente descubrí la respuesta a la inquietud que me había llevado a elegir mi área de profundización en los posgrados: la continuidad de la pobreza y las desigualdades en la sociedad latinoamericana eran función directa de las estrategias de desarrollo adoptadas por un liderazgo no incluyente a nivel empresarial, de las agencias estatales, la banca multilateral y las ONGs. La nueva pregunta que me surgió fue qué podía hacer yo para contribuír como académico, consultor y emprendedor socio-ambiental a cambiar esta situación.