Firmada en 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático entró en vigor hasta marzo de 1994 y junto con la convención de la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación es una de las convenciones que salió de la Cumbre de la Tierra en Río ese año. Esta convención tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de GEI a un nivel para evitar que sean peligrosos para el sistema climático por actividades inducidas por el hombre. Se declara que “ese nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. Según United Nations Climate Change, se espera que los países desarrollados al ser los mayores productores de GEI son los que más deben disminuir los niveles de estos gases.

Así como lo informa el portal de las Naciones Unidas, esta convención, que lucha contra la desertificación, es el único convenio jurídicamente vinculante que trata la desertificación y los efectos por la sequía. Firmado por 196 países y la Unión Europea, sus partes se comprometen de manera multilateral a mitigar el impacto de la degradación de las tierras y protegerlas para asegurar alimento, agua, refugio y oportunidades económicas para todos. 

Los desechos peligrosos son un riesgo importante para la salud y el medio ambiente. Frente a esta problemática, emerge el Convenio de Basilea, adoptado en 1989 en la Conferencia de Plenipotenciarios de Basilea. Esto como respuesta a las protestas generadas en los años 80 tras los descubrimientos en África y en otras regiones del mundo de depósitos de desechos tóxicos provenientes del extranjero. En este convenio se vela por la seguridad del ser humano y del medio ambiente ante los desechos tóxicos y demás residuos de consideración especial. Con este convenio se promueve entre los firmantes a reducir la producción de este tipo de residuos, promover de manera racional la gestión del lugar donde se desechan estos, restringir el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, a menos que se considere que va conforme a la gestión ambiental racional de estos y que se contemple un sistema de reglas donde sea permitido cambiar de lugar estos residuos. La misma convención también indica que se deben buscar centros regionales y subregionales para capacitar y transferir tecnología útil para la gestión de residuos.