Con base en lo anterior, para que las personas puedan tomar acciones efectivas contra el cambio climático es necesario que cuenten con formación especializada que les dote de habilidades prácticas y conocimiento técnico. Esto es particularmente importante en áreas como la adaptación y la mitigación climática, donde las soluciones a menudo requieren el uso de tecnologías limpias, el diseño de infraestructuras resilientes y la adopción de prácticas agrícolas y energéticas
sostenibles.

Un ejemplo de formación especializada la observamos en los países de la alianza del pacifico (México, Colombia, Perú y Chile) donde se cuenta con sistemas de competencia laboral encargados de elaborar estándares o normas técnicas de competencia que sirven como referentes metodológicos para realizar diversas actividades laborales diversas como la preparación de alimentos, la impartición de capacitación, los tratamientos de belleza, conducción de vehículos, brindar servicios de consultoría, entre muchas otras. En ese sentido, diversos grupos de expertos
elaboran estas metodologías y las ponen a disposición del mercado laboral como
modelos para capacitar, evaluar y certificar a las personas con el objetivo de realizar
mejor su trabajo obteniendo además un reconocimiento (certificado) a su
conocimiento y/o experiencia.

Pensemos en un sector determinante para la acción climática, el sector energético.
La transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables, como la solar o la eólica, requiere no solo de inversiones en tecnología, sino también de profesionales altamente capacitados. La formación en energías renovables permite que más personas puedan instalar, mantener y operar estos sistemas, lo que facilita la adopción de tecnologías limpias a mayor escala.

Asimismo, el sector agrícola se enfrenta a la necesidad urgente de adaptar sus prácticas para ser más resiliente al cambio climático. Los agricultores necesitan capacitación sobre técnicas de agricultura sostenible, manejo de recursos hídricos y protección de la biodiversidad, de modo que puedan continuar produciendo alimentos de manera eficiente, mientras mitigan su impacto ambiental.

De manera adicional, la educación de calidad para la acción climática no solo debe centrarse en la transferencia de conocimientos técnicos, sino también en la promoción de la justicia climática. Esto implica reconocer que los efectos del cambio climático no afectan a todas las personas por igual.

Las comunidades más vulnerables, especialmente en los países en desarrollo, suelen ser las que sufren más gravemente los impactos, a pesar de haber contribuido menos a la causa del
problema.
En este caso, la formación debe incluir un componente ético y social, que ayude alas personas a comprender las desigualdades inherentes a la crisis climática.
Por ejemplo, las comunidades rurales y costeras, que están en la primera línea del cambio climático, necesitan formación para gestionar los riesgos climáticos, mejorar su resiliencia y adaptarse a las nuevas condiciones ambientales por venir.
Sin duda, la educación y formación de calidad para la acción climática serán
determinantes en las siguientes décadas.